Argentina
En la Argentina no se considera violencia el hecho de
burlar la ley
DIANA SCIALPI
"En la Argentina no se considera violencia el hecho
de burlar la ley"
Diana Scialpi es socióloga y pionera en la investigación
del fenómeno de la violencia laboral institucional
en el empleo público. Más todavía:
la audaz hipótesis de la especialista, es que
la violencia en la administración pública
es la condición necesaria para instalar la corrupción
en el Estado.
Por Laura Di Marco
Entre 1997 y 2001, y frente a la convocatoria de la
OMS, estudiar la violencia en diferentes contextos,
emprendió un trabajo de investigación
independiente, que volcó en un libro "Violencias
en la Administración Pública. Casos y
Miradas para pensar la Administración Pública
como ámbito laboral". Scialpi asesora a
defensores del Pueblo y a legisladores nacionales y
provinciales. También dicta cursos sobre prevención,
detección, control y reparación de la
violencia institucional en el empleo público
y es consultora de proyectos de investigación
sobre violencia institucional y laboral.
-A propósito de "El
acoso moral en el trabajo", el libro de Marie France
Hyrigoyen, se empezó a hablar más de esa
cuestión. Usted, en la Argentina, hizo una investigación
en el ámbito de la administración pública,
¿nos cuenta un poco de qué se trata?
-En los noventa empecé una investigación
exploratoria de violencias perpetradas en la Administración
Publica. Elegí ese ámbito porque allí
se da un tipo de violencia laboral especial, y más
siniestra.
-¿Por qué más
siniestra?
-Porque se trata de una violencia perpetrada por quienes
tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a
otros dentro de una institución, sea ésta
familiar o el propio Estado. Desde ese enfoque, me propuse
describir la calidad que tiene la violencia cuando es
generada por el que "debe proteger". La transformación
del protector en violento. Es más devastadora
porque ocurre en un ámbito laboral y falseada
por un discurso que niega lo que está pasando.
-¿Nos ayuda con un
ejemplo?
-En esa época se dijo que se emprendía
una "modernización del Estado" y asistimos
al desguace más absoluto de las instituciones
públicas. Un Estado que selecciona a los servidores
públicos "a dedo", sin tener en cuenta
la idoneidad y los antecedentes de los candidatos para
ejercer un determinado cargo público, no puede
ser eficaz. Resulta una organización injusta
y por lo tanto, violenta. Los efectos de esa violencia
laboral institucional, que llamo violencia político-burocrática",
son doblemente devastadores. Además de afectar
a la salud física y mental de los empleados públicos,
es una condición previa y necesaria para emplazar
la corrupción en el Estado.
-O sea que las políticas
de transparencia ?una administración más
honesta, digamos- ¿tienen un correlato con las
condiciones de trabajo en la administración?
-¡Por supuesto!... Tanto que dediqué varias
publicaciones a establecer la correlación entre
violencia laboral en los organismos públicos
y la corrupción en el Estado.
-Hablando específicamente
de la ciudad, ¿cómo se revela la violencia
laboral?
-A esta altura, tenemos que aclarar que, en materia
de violencia laboral, sea en el sector público
o privado, no contamos aún con una ley nacional,
ni tenemos claras políticas públicas.
Por lo tanto, la Argentina no produce información
cuantitativa ni cualitativa confiable en la materia.
-Pero la ciudad, junto con otras provincias, sí
tiene una ley sobre violencia laboral, ¿no mejora
eso la situación?
-Sí, es cierto, la ciudad sancionó la
ley sobre violencia laboral en enero de 2004, pero a
mi juicio requiere mejoras. Reconoce sólo la
violencia laboral vertical (de superior a subordinado,
aunque también hay entre pares), y no contempla
atención a los afectados. La ley de Santa Fé
es mejor.
-¿Cuál es exactamente
la diferencia entre acoso moral y violencia laboral?
-El "acoso moral" es una de las treinta modalidades
de violencia laboral reconocidas por la OIT en su informe
mundial "Violence at Work" (que no se publica
en español). Otra diferencia -y aquí cito
a Marie
France Hirigoyen, quen acuñó el concepto-,
es que la dificultad para defenderse del acoso moral
reside en un hecho del que casi nunca se dispone de
pruebas. Esto significa que estamos ante una violencia
interpersonal, que en la mayoría de los casos
ocurre sin testigos y desestabiliza a la víctima,
quien no puede demostrar lo que está padeciendo.
-Defíname el término
"acosar".
-Es someter sin reposo a pequeños ataques repetidos.
El acoso humilla y es repetido.
-¿Hay países
donde el acoso psicológico laboral está
tipificado como un delito?
-Sí, en Suecia. Además, obviamente, tienen
estadísticas sobre el tema, lo que permite elaborar
políticas públicas serias.
-¿Qué se puede
hacer desde el poder político?
-El poder político puede ?y debería- honrar
la ley, intención que debería traducirse
en una perseverante campaña pública para
que todas las leyes sean cumplidas y su incumplimiento
sea implacablemente sancionado. Los argentinos incumplimos
masivamente las leyes y lo hacemos con impunidad. Por
añadidura, el Estado, responsable de cumplirlas
y hacerlas cumplir es el que viola sistemáticamente
las leyes de empleo público, las leyes de Ética
en la Función Pública, las leyes de Riesgo
en el Trabajo. Nuestra principal tragedia, creo yo,
es que no consideramos violencia al hecho de violar
la ley.
-Al margen de las falencias,
hablemos de lo que tenemos hoy: ¿qué puede
hacer, en concreto, un empleado de la administración
pública que se considere víctima de violencia
en su lugar de trabajo?
-La ONG Instituciones Sin Violencia (N.de la R: Scialpi
la presidió entre 2004 y 2006), impulsó
la creación de la primera oficina de Denuncias
de Violencia Laboral. Funciona en la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, que dirige
Manuel Garrido.
fuente: http://consultajuridica.blogspot.com
::Acoso Moral Laboral
ARGENTINA
Artículos de Diana Scialpi Tweet Licenciada
en Sociología y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales,
UBA. Integra el escalafón SINAPA de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
participa de la Comisión Interinstitucional de Salud y Seguridad en el
Trabajo de Organismos Estatales y preside la asociación civil Instituciones
Sin Violencia.
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