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ARTICULOS
El acoso se silencia en lo público
Una investigación
premiada por la Junta aconseja un protocolo de actuación
ante el 'mobbing' a funcionarios · Los sindicatos
reclaman a la Administración andaluza el cumplimiento
de la ley de riesgos laborales
Antonio Fuentes / SEVILLA | Actualizado 04.01.2010 -
05:04
"El miedo impide dar un paso", asegura Djamil
Tony Kahale, investigador cuyo trabajo El código
de conducta ante situaciones de acoso laboral en la
administración pública ha merecido uno
de los Premios Blas Infante que, desde hace trece años,
convoca el Instituto Andaluz de Administración
Pública (IAAP). En concreto, el trabajo obtuvo
la distinción por la contribución a la
gestión del servicio público.
El acoso, en sus diferentes formas, no es una lacra
exclusiva de la función pública, pero
en ésta se dan unos condicionantes que la hacen
más intensiva, expone el autor. Al ser violencia
contra un puesto fijo, el puesto ejecutivo -el hostigador
frecuente- no puede amenazar con la rescinsión
o no renovación de un contrato, por lo que la
presión se dirige a "perderlo de vista"
con un traslado, una renuncia o una baja por enfermedad,
es decir, "que desaparezca del entorno laboral
en el que presta sus servicios", apunta Kahale,
profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).
La investigación aconseja y aporta un protocolo
de actuación para la prevención y tratamiento
del acoso laboral. Su puesta en práctica beneficiaría,
señala el investigador, la implantación
del código de conducta que recomienda el Estatuto
Básico del Empleado Público, de 2007,
un avance pero aún no suficiente para muchos.
Este protocolo tiene el objetivo de la resolución
favorable de las denuncias de acoso y dispone de herramientas
para prevenir, identificar, evaluar e intervenir ante
las situaciones probables de acoso laboral. En resumen,
que el problema se resuelva en casa y evitar en lo posible
la vía de los tribunales.
"Hay mucha gente que se esconde, que se para por
miedo a que se entere el jefe de que fue él quien
puso la denuncia y que se dice a sí mismo que
no está siendo acosado, lo que no quiere decir
que no haya acoso", expone el autor del estudio.
Ni un caso de cada mil de violencia psicológica
que pudiera ser tipificado como acoso es denunciado
ante instancias ajenas a la Administración (laboral,
penal, civil, contencioso-administrativa...), exponen
varios estudios.
Los mismos análisis que, aseguran, que el mobbing
o sus variantes afecta más a funcionarios públicos,
a mujeres y a jóvenes en situación laboral
precaria, en definitiva, a todo aquel que se convierte
en amenazante para otros.
Según la asociación de víctimas
del acoso y el maltrato laboral en Andalucía
(Avamla), la incidencia del mobbing en los trabajadores
de la Administración se elevaría a un
22%, seguido del 19% de los trabajadores de medios de
comunicación y organizaciones políticas
y sociales o el 13% de las plantillas sanitarias.
Los sindicatos con responsabilidades en función
pública manejan que uno de cada diez funcionarios
es objeto de acoso laboral por parte de sus superiores.
CCOO, UGT y CSI-CSIF, los sindicatos con mayor representación
entre el funcionariado, exigen que se implante un protocolo
de prevención del maltrato en la Administración.
Y ponen el objetivo en la Junta de Andalucía.
Francisco Jurado, de CCOO, señala que la Junta
no destaca por su celo en aprobar planes de prevención
de riesgos laborales en todas sus consejerías
y delegaciones, como mandata la ley de 1995, comenta.
"Las delegaciones que las tienen es por requerimiento
de Inspección de Trabajo", apunta Jurado,
que señala a las consejerías de Empleo
y Justicia y Administración Pública. "Años
llevamos reivindicando que se denuncie esta situación
de indefensión de los empleados públicos
por la no aplicación de este ley", señala
Antonio Tirado, de UGT.
José Manuel Muñoz, de CSI-CSIF, considera
que a la Administración debe preocuparle la detección
de estos casos y que el sindicato lleva dos años
esperando un decreto que modifique la estructura de
prevención de riesgos laborales. "Sólo
a un 10% de los empleados públicos se les vigila
su salud cuando debería ser a todos de forma
periódica", lamenta Muñoz.
El protocolo que aconseja la investigación premiada
propone que la persona afectada ponga el hecho en conocimiento
del servicio de prevención de riesgos laborales
para intentar la resolución y, de no ser así,
se presentará ante el servicio de prevención
de riesgos laborales en un plazo que no podrá
exceder de dos meses desde el último episodio
de acoso. Luego se daría una investigación
por parte del jefe de servicio de riesgos laborales
y un informe con conclusiones que llegará a la
dirección de función pública para
tomar la decisión. Una posible solución
ante el acoso laboral que los empleados públicos
piden tener en cuenta.
fuente: diariosevilla.es
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