El profesorado reclama más amparo a la DGA. Los sindicatos
exigen que la agresión al profesor se juzgue como atentado
a la autoridad sábado, marzo 29, 2008
huesca. 26/03/2008
EL PERIÓDICO. La Junta de Personal Docente no
Universitario de Huesca acordó ayer solicitar
a la Consejería de Educación del Gobierno
aragonés que arbitre las medidas legales necesarias
para que se persiga como "atentado a la autoridad"
toda agresión verbal o física al profesorado
por alumnos o padres. En un comunicado, los representantes
sindicales del profesorado oscense aseguran que las
confrontaciones con padres y alumnos dejan a los profesionales
de la educación en una situación de "desamparo
e indefensión". Esta petición se
deriva de un incidente protagonizado semanas atrás
por el padre de una alumna del instituto Sierra de Guara
de Huesca que, según el equipo rector del centro,
se enfrentó a la dirección del colegio
para expresar su rechazo a la sanción con que
fue castigada su hija por una indisciplina. Los profesores
sostienen la necesidad de una regulación "urgente"
mediante ley de una normativa clara sobre los derechos
de los funcionarios docentes afectados por un conflicto
en el ejercicio de sus funciones. Tras calificar de
"insuficiente" la asistencia jurídica
que ofrece actualmente la Administración educativa
a los docentes, los integrantes de la Junta piden una
legislación "más explicita"
en relación a las confrontaciones con padres
o alumnos, así como un protocolo de intervención
ante estos casos. Reclaman, además, que se arbitren
medidas para perseguir cualquier agresión al
profesorado como atentado a la autoridad, en consonancia
con las propuestas de los fiscales de Andalucía
y Cataluña, según informó la agencia
Efe.
Los sindicatos exigen que
la agresión al profesor se juzgue como atentado
a la autoridad.
EDUCACIÓN - Los sindicatos exigen que la agresión
al profesor se juzgue como atentado a la autoridad La
Junta de Personal Docente no Universitario envia cartas
al Fiscal General de Aragón y a Educación
ante el aumento de casos y reclama el reconocimiento
de "autoridad pública" en la nueva
Ley. ANA IPAS. Huesca La Junta de Personal Docente no
Universitario exige que se arbitren las medidas necesarias
para que se persiga como un atentado a la autoridad
las agresiones al profesorado en el desempeño
de su función docente. Así lo manifiestan
en una carta que han enviado tanto a la consejera de
Educación del Gobierno aragonés, Eva Almunia,
como al Fiscal General de Aragón, José
María Rivera. No es la primera vez que realizan
esta petición los sindicatos e incluso la medida
se ha llegado a aplicar en algún caso determinado
en nuestra Comunidad. En la misiva, la Junta de Personal
Docente no Universitario recuerda la confrontación
(que no agresión) entre profesores y el padre
de una alumna del IES Sierra de Guara que ha acabado
en los juzgados con un cruce de acusaciones. Cabe señalar
que de momento todas las sentencias han sido favorables
a la dirección del instituto. Pero los sindicatos
advierten de que este suceso "no es un hecho puntual"
y muestran su convicción de que este tipo de
casos "se están produciendo de forma reiterada
en nuestros centros educativos" y que en algunos
incluso se llega a la agresión. Según
relatan en la carta, ante estas agresiones, el profesorado
queda "en una situación de desamparo e indefensión".
Y es que aseguran que "la administración
sólo nos otorga derecho a la asistencia jurídica,
proporcionando asesoramiento y defensa en los juicios",
ayudas que los sindicatos tachan de "insuficientes".
Es por ello que a la consejera de Educación aragonesa,
en la carta, le requieren que ahora que se está
elaborando la Ley de Educación Aragonesa legisle
de forma "más explícita" y que
"tramite cuanto antes el protocolo de intervención
y asistencia jurídica (como tienen otros colectivos)".
Además, piden a Eva Almunia que inste al Fiscal
General de Aragón a que se arbitren las medidas
necesarias para que se persiga como "atentado a
la autoridad pública" las agresiones al
profesorado en el desempeño de su función
docente. Se trata de una medida que, según apuntaron
diversas fuentes se toma a instancias del juez y que,
según recogen los sindicatos en los comunicados
estaría en consonancia con las propuestas de
los Fiscales Jefes de Andalucía y Cataluña.
Y es que, tal y como señalan en la carta enviada
al Fiscal General, este tipo de agresiones a los educadores
además del menoscabo "de la integridad física
y moral, perturban la función pública
que ejercen los docentes". Existen antecedentes
en Aragón No es la primera vez que los sindicatos
realizan esta reclamación ya que hace algo más
de un año, fue CSI-CSIF quien solicitó
también al fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón (TSJA), José María
Rivera, que actuara de oficio ante las agresiones contra
docentes y que aplicara la máxima pena recogida
en el Código Penal. Asimismo, le exigían
que considerara como un atentado contra funcionario
público las agresiones al personal docente y
el resto de trabajadores de los centros formativos.
Por su parte, la dirección provincial de Educación
recordó que en el módulo cuatro de las
carpetas "Cuento contigo", un documento para
la mejora de la convivencia escolar que poseen todos
los centros de la provincia, se establecen los pasos
a seguir ante una agresión e informó que
el que un acto de agresión a un profesor sea
considerado un "atentado a la autoridad" se
trata de una medida que debe tomarse a instancias del
juez.
Reclaman para los docentes la categoría de autoridad
pública. La Junta de Personal Docente presenta
una solicitud a Educación
HUESCA.- La Junta de Personal Docente no Universitario
de la provincia de Huesca solicita a la Consejería
de Educación que regule “mediante ley y
con una normativa clara los derechos de los funcionarios
docentes que en el desempeño de sus funciones
se ven afectados por un conflicto”, y pide que
se les confiera la categoría de autoridad pública
en el ejercicio de su función.
La Junta Docente, que aprobó formular esta petición
en su último pleno, señala que, con los
hechos acaecidos en el IES Sierra de Guara de Huesca,
y con la información que sobre este asunto fue
aportada a la Junta por el director provincial de Educación,
“se ha puesto de manifiesto que las confrontaciones
entre profesores con padres o con alumnos dejan al profesorado
en una situación de desamparo e indefensión”,
por lo que considera “urgente” esta regulación.
Expone que la Administración “sólo
nos otorga derecho a la asistencia jurídica,
proporcionando asesoramiento y defensa en los juicios,
lo cual nos parece a todas luces insuficiente, dada
la difícil responsabilidad que se nos confiere
mediante la labor educativa”.
Señala que, “ya que se está elaborando
la Ley de Educación Aragonesa, esta Junta de
Personal solicita a la Consejería de Educación,
en primer lugar, que legisle sobre estos asuntos de
una manera más explícita y que tramite
cuanto antes el protocolo de intervención y asistencia
jurídica -como tienen otros colectivos profesionales-,
al que hacen referencia los puntos 3 y 9 del “Acuerdo
para la mejora de la convivencia escolar en los Centros
Educativos de Aragón”. Asimismo, reclama
que, en consonancia con las propuestas de los fiscales
jefes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía
y Cataluña, “la Consejería de Educación
inste al Fiscal General de Aragón a que se arbitren
las medidas necesarias para que persiga como atentado
a la autoridad todos aquellos casos de agresiones al
profesorado en el desempeño de su función
docente, y se confiera a los funcionarios docentes la
categoría de autoridad pública en el ejercicio
de su función”.
La Junta indica que casos como el del IES Sierra de
Guara “se están produciendo de forma reiterada”.
D.A.
El profesorado reclama más amparo a la DGA. Los sindicatos
exigen que la agresión al profesor se juzgue como atentado
a la autoridad 
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