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LEGISLACION

EL MOBBING DESDE LA CONSTITUCION URUGUAYA.

Prof. Manuel Muñoz A.
Universidad Técnica FSM – Concepción – Chile.
www.prevelexchile.cl

Como en la mayoría de nuestros países, en la República Oriental del Uruguay, la Constitución Política se yergue como la Ley máxima que domina el panorama jurídico y orienta la labor del legislador en la dictación de nuevas leyes. Del mismo modo los órganos del estado deben estar pendientes en su accionar, de cumplir cabalmente todas y cada una de las disposiciones
genéricas rectoras del hacer en todo tipo de actividades.
En este orden de ideas y apreciando que el flagelo del acoso moral o mobbing, afecta transversalmente la sociedad y en especial a las capas trabajadores, que por ubicación dependiente y subalterna, se encuentran siempre en una precaria situación respecto a sus empleadores, es que las leyes laborales también actúan como disposiciones protectoras de la parte más débil en la relación contractual laboral. La importancia de ello radica en que el presupuesto esencial del acoso moral en el trabajo es precisamente el hecho de existir una relación laboral en términos de subordinación y dependencia. Es, en consecuencia un problema de las relaciones de producción.
Como tal, la responsabilidad que en la atmosfera laboral no exista un clima de estrés provocado por este flagelo, es única y exclusivamente del empleador, desde que el cuidado de quienes se encuentran bajo su dependencia y subordinación es suya. Cuidar al trabajador en cualquier nivel que se encuentre, es una de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo y, más aun, de la relación laboral o relación de hecho.
Las relaciones laborales o las meras relaciones de hecho, es decir, cuando el acuerdo entre trabajador y empleador no ha alcanzado a tomar las características de un acto jurídico denominado contrato de trabajo, sin duda alguna, se encuentra también previsto y aludido en la Constitución Política de la República, pues, la Carta Magna rige, decide y orienta todas las actuaciones tanto públicas como privadas, las que de ningún modo pueden conculcar los derechos fundamentales de las personas reconocidos universalmente y aceptados como tales por las leyes del Uruguay, en virtud del reconocimiento que el estado, como ente supra individual ha hecho de documentos de la Humanidad, como por ejemplo: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
No otra cosa significa el art. 7 de la Constitución uruguaya, cuando reconociendo los derechos de las personas dice: “los habitantes de la república tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”.
Enseguida alumbra: Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.

En un mero análisis de esta disposición nos encontramos que en el Uruguay, al igual que en Chile, la judicatura, es decir, los Tribunales de Justicia tienen el más amplio apoyo a una política judicial de amparo a las personas contra el flagelo del Mobbing o Acoso Moral.
En efecto, el hostigamiento permanente, los malos tratos tanto de palabra como de obra, aun sin llegar a la agresión, son sin duda, en su reiteración frecuente y agresiva, un motivo para que el trabajador en su calidad de persona más temprano que tarde se vea afectado en su salud tanto física como psíquica. Ello no es extraño, pues, uno de los efecto malignos del Mobbing es la de provocar en la persona el desapego a sí mismo, la confusión, la autoincriminación, el complejo de culpabilidad que terminan por causar un profundo estrés, cuya causa deriva de una mala relación laboral y, en definitiva, la destrucción psíquica de la persona. En algunos casos también la muerte física.
El Acoso Moral es una agresión que se dirige directamente contra el honor de la persona, su amor propio, es decir, lo más preciado del ser humano que es su dignidad personal y familiar.
La destrucción del trabajador con el propósito que se retire voluntariamente del trabajo, a fin de evitar el pago de indemnizaciones, u otras razones, todas sin duda inconfesables, van destruyendo la moral individual. No obstante como se ha reconocido, el trabajo es de carácter social, porque no solo se relaciona trabajador y empleador, sino, trabajador y familia con el empleador y la empresa, entonces, al final de un corto plazo ha de resultar que toda la familia del trabajador queda afectada por las acciones de acoso y hostigamiento.
Cualquier Juez de la República atendida una comprensión cabal del acoso moral o mobbing, no podría excusarse de sancionarlo aunque solo para obtener una disposición que lo avale, invoque el art. 7 de la Constitución, en cuanto expresa que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honra…

El ataque a la honra implica, entonces, un ataque a la vida y a la salud del trabajador.
Esta acción con su resultado dañoso es una acción querida, deseada por el acosador, en consecuencia de mala fe. De hecho reúne todos y cada uno de los requisitos o condiciones para describir una acción típica, como es el delito de lesiones o el homicidio. Tal es la gravedad del mobbing y en el recorrido de casos y situaciones que a lo largo de los años de preocupación y trabajo sobre este flagelo, el investigador va extrañándose cada vez con mayor argumentación, de cuál es el pensamiento de los legisladores que no legislan sobre estas materia, y cuál es el de los Jueces que no lo sancionan, cuando a lo menos desde el punto de vista laboral implica una irregularidad grave que emana sea del ejercicio del contrato de trabajo o de la mera relación laboral y que encuentra plena justificación en el art. 7 de la Constitución de la República.

Artículo escrito para el Portal Acoso Moral Laboral en Uruguay

Gentileza del Dr. Manuel Muñoz Astudillo

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