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- Aumentan denuncias por maltrato y hostigamiento laboral
en la SG.
Aumentan denuncias por maltrato y hostigamiento laboral
en la SG
Amelia Borrego Dorantes
incurre en abuso de autoridad, amenazas y prepotencia
extrema, dicen En 2000 fue destituida “por ineptitud”
como secretaria de acuerdos de un juzgado de distrito
Periódico La Jornada
Lunes 10 de mayo de 2010, p. 5
Las denuncias por maltrato y hostigamiento laboral en
la Secretaría de Gobernación van en aumento
sin que hasta el momento el titular de la dependencia,
Fernando Gómez Mont, haya intervenido para solucionar
este clima de trabajo adverso.
Primero, funcionarios y trabajadores de base de la
Subsecretaría de Gobierno documentaron prácticas
de discriminación salarial y corrupción;
ahora, servidores públicos de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de esta secretaría afirman que
la directora de Relaciones Jurídicas y Laborales,
Amelia Borrego Dorantes, incurre en abuso de autoridad,
amenazas y prepotencia extrema.
La funcionaria, que mantiene el área a su cargo
“en una situación de hartazgo insoportable”
–de acuerdo con las denuncias que por escrito han
hecho sus subalternos–, fue destituida como secretaria
de acuerdos de un juzgado de distrito en el año
2000. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó
que Borrego Dorantes actuó de forma parcial y,
además, se comprobó su “ineptitud”
para ejercer el cargo.
Después de una amplia investigación de
este órgano rector del Poder Judicial, se comprobó
que ella y su jefa, la juez María Es-ther Rodríguez
Juárez, mantenían una relación
“estrecha y vínculos amistosos” con
abogados que litigaban decenas de juicios de amparo
y causas penales promovidos precisamente en ese juzgado
de distrito con sede en Baja California Sur, algunos
de los cuales se relacionaban con casos de presuntos
narcotraficantes.
El CJF resolvió entonces que ambas funcionarias
no habían preservado “la dignidad y el profesionalismo
propios de la función judicial” y denotaron,
en el caso particular de Borrego Dorantes, ineptitud
en la mesa de amparos, pues carecía de la experiencia
necesaria para ello. Una década después
del veredicto del Consejo de la Judicatura Federal,
es funcionaria de la Secretaría de Gobernación.
Tras enterarse de que 11 de sus colaboradores habían
hecho públicas las denuncias los amenazó
directamente, según exponen en una carta que
enviaron el 29 de abril pasado a Luis Felipe Bravo Mena,
secretario particular del presidente Felipe Calderón,
con copia a la oficina de Gómez Mont, sin que
hasta el momento hayan recibido respuesta.
“Voy a tirar y (a) correr a uno por uno de los
que firmaron el documento; todos me la van a pagar.
Lo que hicieron me da risa porque no va a pasar de un
simple escándalo, porque a mí me respalda
gente muy pesada de la que no se imaginan.
“Tan es así y para que se den una idea
del poder que tengo, (que) a pesar de lo que pasó
en años anteriores, todavía aquí
estoy como una gran funcionaria y más fuerte
que nunca”, señala el documento recibido
en Los Pinos el pasado primero de mayo.
Los denunciantes temen no sólo que los despidan,
sino que Borrego Dorantes les finque responsabilidades
a fin de que los inhabiliten. En entrevista con este
diario comentaron que les impide tener acceso a los
expedientes y demás documentos necesarios para
representar a la Secretaría de Gobernación
en audiencias relacionadas con medio millar de demandas
laborales –en contra de esta dependencia–
que tienen curso en juzgados y tribunales.
Es decir, los propios defensores de Gobernación
están en la indefensión y aseguran que
laboran con un “miedo aterrador” ante esta
funcionaria “arbitraria”, cuya conducta no
ha sido reconvenida por el superior inmediato, Miguel
Francisco González Canudas, titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de Gobernación, quien
tomó las funciones en este ramo de la otrora
subsecretaría a cargo de Daniel Cabeza de Vaca.
La funcionaria, se afirma en el primer documento dirigido
al presidente Calderón, utiliza términos
inapropiados e incurre en conductas muy alejadas de
la abogacía o de las responsabilidades de un
servidor público.
Por ejemplo, para amenazar con despido a uno de sus
auxiliares le dijo “agarra tus chivas y lárgate”,
y en otra ocasión abrió la bolsa de una
de sus colaboradoras para verificar si efectivamente
no le contestó el celular porque lo había
olvidado; también obligó a una de las
empleadas a acompañarla a comer y prohibió
que otra, madre soltera, se comunicara con su hija,
además de impedirles la salida a la hora que
les corresponde.
A su primer círculo de auxiliares les prohíbe
mantener relación entre ellos, incluso para ir
a comer o, en calidad de castigo, envía a personal
no calificado ni autorizado a las audiencias en el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que
–afirman los denunciantes– se compromete el
trabajo de la dependencia.
Además, como medida precautoria para asegurar
su lealtad, hizo firmar su renuncia por anticipado a
sus colaboradores.
La funcionaria, agregan en la misiva los 11 empleados,
algunos de ellos subdirectores, “tiene problemas
emocionales, de personalidad y probablemente sicológicos,
toda vez que con su conducta denota inestabilidad personal,
emocional y profesional”.
En tanto, a raíz de la denuncia que en marzo
hizo un grupo de funcionarios en contra de la directora
administrativa de la Subsecretaría de Gobierno,
Corina del Valle Ríos, se han generado otras
querellas. Tal es el caso de Gregorio Gallegos Terrazas,
jefe de departamento en esta subsecretaría, con
12 años de antigüedad y ningún antecedente
negativo en su expediente. Durante dos años,
esta funcionaria le ha impedido tomar vacaciones y,
en cambio, recibe de manera directa o indirecta, por
órdenes de Del Valle, amenazas y presiones para
que renuncie a su cargo.
El denunciante asegura que esta situación se
generó por negarse a tomar el papel de “capataz”
y entregar un reporte diario de la situación
y actividades personales de cada empleado, instrucción
que recibió con el argumento de que la Secretaría
de Gobernación es una dependencia de seguridad
nacional. Este ambiente le provocó un cuadro
sicológico adverso, avalado por médicos
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, que le concedió la licencia
médica 094LM0122557.
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