Cada semana la Policlínica
de Salud Ocupacional recibe tres consultas de trabajadores
que son maltratados, aislados o menospreciados en sus
oficinas. El mobbing es un fenómeno en expansión
en empresas públicas y privadas.
Eloísa capurro
Desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a
aceptar el acoso moral como un riesgo más dentro
del ámbito laboral, las denuncias han venido
en aumento. Maltrato verbal y físico, amenazas
de despidos, aislamiento y degradaciones de cargo sin
razón aparente eran algunas de las cosas que
trabajadores tanto del ámbito privado como del
público soportaban en silencio hasta entonces.
En algunos supermercados los empleados debían
aceptar que sus ropas y objetos personales fueran revisados,
llegando hasta el extremo de desvestirlos, para evitar
el robo de mercadería. En 2005, primer año
que la Inspección General de Trabajo analizó
el tema, se recibieron 12 denuncias. Para 2007 la cifra
escaló a 24. Pero, según los expertos,
los casos sin denunciar de mobbing o acoso moral en
el trabajo son muchos más. Un indicador de ello
son las tres consultas semanales que la Policlínica
de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina recibe
por este tema.
Según la Agencia Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, el mobbing "es un comportamiento
irracional repetido, con respecto a un empleado, o a
un grupo de empleados, creando un riesgo para la salud
y la seguridad". Es que, además de violar
derechos inherentes a la persona (como la dignidad o
el derecho a un ambiente laboral saludable) un repetido
acoso en la oficina tiene sus efectos en la salud. Luego
de seis meses el trabajador puede sufrir de estrés,
insomnio, problemas cardíacos, gastritis, depresión
y hasta pánico. "El acoso moral para ser
definido como tal tiene que ser algo sistemático
y mantenido en el tiempo. Hay una medida operativa que
son seis meses. Luego de ese período los trabajadores
adquieren algún tipo de patología. Eso
no quiere decir que un acto de violencia de un trabajador
no esté violando su derecho de alguna manera".
Un estudio hecho por ella en 2002 entre siete gerentes
uruguayos víctimas de mobbing reveló que
sólo uno de ellos no presentaba efectos colaterales
al maltrato. Los restantes habían sufrido problemas
cardíacos y respiratorios, eczemas en la piel,
pérdida de peso, insomnio, angustia o depresión.
Aunque ciertas situaciones personales pueden agudizar
el efecto de esta situación, no hay un perfil
determinado para el acosado ni para el acosador. "Puede
pasarle a cualquiera. Hemos tenido consultas de profesionales,
de personas en cargos de decisiones. Pero generalmente
el trabajador no se da cuenta hasta que la situación
repercute en su salud", explicó la doctora
Elizabeth Cháves, de la Policlínica de
Salud Ocupacional. El objetivo del mobbing no está
claro, pero en todos los casos el trabajador siente
que se trata de una acción deliberada y únicamente
dirigida hacia su persona. "Podría pensarse
que si es un comportamiento deliberado, entonces el
objetivo es que la persona salga del ámbito de
acción de quien está ejerciendo esa violencia.
Pero no necesariamente tenemos certeza de que sea un
comportamiento deliberado"...
El mobbing afecta a todos los ámbitos laborales
ya sean empresas públicas o privadas, en cargos
de alta jerarquía o en los escalones más
bajos. Un estudio que la Facultad de Psicología
realizó desde 2004 hasta 2007 de forma voluntaria
entre 500 trabajadores de todos los sectores, reveló
que 60 de ellos sufrían acoso moral en sus trabajos.
Lo que sí es común en las oficinas donde
se practica el mobbing es que exista una fuerte competitividad
entre trabajadores, así como se exigen altos
niveles de productividad. "Son ambientes competitivos
donde la presión de trabajo es muy importante
y las relaciones no son las mejores entre los diferentes
trabajadores".
De todas formas en la Policlínica de Salud Ocupacional
y en el Pit-Cnt la mayor cantidad de consultas han sido
de personas que trabajaban en empresas públicas
y más mujeres que hombres. "Esto responde
a una extrema competitividad generada por políticas
de gestión que son traspoladas de otros lugares
sin que se haya calculado cuál era el capital
humano presente para establecer esas reformas. Entonces
han sido llevadas adelante de mala forma", dijo
la abogada Ana Sotelo, docente de Derecho Laboral en
la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Pero no son estos los casos más denunciados
ante el Ministerio de Trabajo. De los 24 denuncias que
se recibieron el año pasado, sólo seis
fueron desde empresas públicas. Todos los demás
fueron en ámbitos privados de diversos sectores:
11 pertenecieron a comercios, dos a industrias y cinco
al sector de servicios. Todos fueron en Montevideo.
Según la subinspectora general de Trabajo, Cristina
Demarco, las oficinas del ministerio en el interior
no tienen todas las facilidades para recibir este tipo
de reclamos. "Son oficinas que tienen uno o dos
administrativos. Algunas tienen abogados fijos, pero
en otras va un abogado desde Montevideo que tiene un
cierto horario de atención. Además la
persona tiene que trasladarse hasta la sede del ministerio",
señaló la jerarca.
Otra de las características de estas denuncias
fue que, en su mayoría, los acosadores eran mandos
medios. "Creo que es una razón humana, está
ejerciendo el poder que le dieron y lo ejerce mal. Además
como a veces el empleador no está presente se
crea una sensación de impotencia. Falta educación
dentro de las empresas", opinó Demarco.
En todas estas situaciones, la dificultad para conseguir
un nuevo empleo opera como factor decisivo para que
el acosado escoja soportar el hostigamiento antes de
presentar la renuncia. "Los últimos años
estuvieron marcados por la inseguridad laboral. Mientras
en otro contexto la persona podría defenderse
o denunciar el acoso, en un contexto de dificultades
de empleo el trabajador no necesariamente se defiende.
Porque se pregunta `¿qué pasa si yo pierdo
mi empleo`. Y opera negativamente".
Pero, dado que los funcionarios estatales son inamovibles,
los efectos del mobbing en las empresas públicas
se intensifican. "En el ámbito privado la
persona mal o bien escapa. Pero en el sector público
los efectos son peores porque como las personas son
inamovibles se crea una situación de malestar
que es muy visible", agregó la abogada Sotelo.
Probar ante el ministerio una situación de acoso
moral no es sencillo para el trabajador. "El tema
de los testigos es difícil porque los propios
compañeros de trabajo, que tal vez estaban presentes
en el momento del hecho, pueden negarse a prestar declaración
por temor a perder su puesto de empleo", dijo Demarco.
Desde que se realiza la denuncia ante el ministerio
y se llega a una sanción definitiva, pueden pasar
entre seis y ocho meses. Y durante ese tiempo la violencia
se sigue padeciendo.
De las denuncias realizadas el año pasado, en
cinco las partes llegaron a un acuerdo, en cuatro el
trabajador desistió de la denuncia y otras 14
todavía están en trámite. En caso
de comprobarse la situación de acoso, el empleador
puede ser multado con hasta 150 jornales por trabajador
involucrado.
Cuando la actuación de la inspección
no es suficiente, las partes terminan en un juicio.
El año pasado uno de los casos llegó al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se
derivan las denuncias del ámbito público.
Aunque el acoso moral es una figura jurídica,
en Uruguay no existe una legislación específica
que la contemple. Lo que las comisiones de trabajo del
Senado y de Diputados tienen a estudio es un proyecto
sobre acoso sexual que, en muchos casos, es un paso
previo al acoso moral. El año pasado la Inspección
General de Trabajo recibió una sola denuncia
por acoso sexual.
Por ahora el trabajador puede ampararse a ciertos artículos
de la Constitución que son vulnerados como consecuencia
del mobbing. "Hay herramientas diferentes en cada
caso. Pero lo más importante es la prevención,
que existan mecanismos dentro de las empresas que no
permitan que este tipo de casos sigan ocurriendo, porque
son extremadamente graves", sostuvo Sotelo.
En este sentido el Pit-Cnt elaboró un protocolo
que este año uno de los gremios, la Asociación
de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), pondrá en
funcionamiento. "Nuestra intención es encontrar
caminos para resolver el problema que sean más
rápidos y efectivos", explicó Hugo
Echenique de la comisión de Salud Ocupacional
de la central obrera. Por este protocolo el empleador
se compromete a no aplicar sanciones disciplinarias
hacia el empleado mientras se investiga si efectivamente
existe el acoso. "Si en ese ámbito se fracasa
siempre queda la solución del ministerio",
agregó Echenique.
Por su parte, la dirección de Derechos Humanos
del Ministerio de Educación trabajará
este mes con la Intendencia de Colonia, por ahora la
única que tiene un protocolo específico
para acoso moral. La Oficina Nacional de Servicio Civil
trabaja desde 2006 para que todas las oficinas estatales
tengan un departamento de salud ocupacional. El avance
todavía sigue siendo lento.
Amparo legal
Los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución
son las principales herramientas legales contra el mobbing.
Ellos defienden los derechos al honor y seguridad así
como a la dignidad y a un ambiente adecuado de trabajo
comprendidos en convenios internacionales.