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PRENSA
URUGUAY
 Tú
acosas, yo acuso
El
acoso sexual, producto del ejercicio abusivo del poder,
lesivo para la dignidad de las personas y que victimiza
mayoritariamente a mujeres, se ha mantenido oculto durante
mucho tiempo. Relegarlo al ámbito privado aseguró
que las conductas que lo tipifican quedaran al margen
de la responsabilidad colectiva. Próximamente,
un proyecto de ley destinado a su prevención
y sanción ingresará a consideración
parlamentaria. El texto fue aprobado en el seno de la
Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato
y Oportunidades en el Empleo, lo que compromete la acción
consecuente de los diferentes actores que la integran:
gobierno, empleadores y trabajadores.
ISABEL VILLAR
Marina Arismendi, María Simón, Alma
Fernández (Departamento de Género y Equidad
del PIT-CNT) y Jorge Bruni en la apertura de la presentación
del anteproyecto de Ley de acoso sexual.
Un ejercicio abusivo del poder que atenta contra la
dignidad de las personas, siendo las mujeres sus víctimas
mayoritarias.
El doctor Leonel Briozzo, director del equipo multidisciplinario
que mereció el Gran Premio Nacional de Medicina,
enfatizó que el Estado tiene que apoyar a las
mujeres que desean interrumpir sus embarazos. e entiende
por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual,
realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado
por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le
produzca o amenace con producirle un perjuicio en su
situación laboral o en su relación docente,
o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil
o humillante para quien lo recibe". Puede manifestarse
a través de requerimientos de favores sexuales,
acercamientos corporales o uso de expresiones escritas
u orales que resulten humillantes u ofensivas para quien
las reciba.
Así tipifica el acoso sexual el anteproyecto
de ley consensuado en la Comisión Tripartita
de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, que
funcionando en el ámbito del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS), cuenta con representación
gubernamental, de trabajadores y empleadores. Su objeto
es prevenir y sancionar el acoso sexual que se actúe
en ámbitos laborales y educativos, protegiendo
a las víctimas del mismo.
RESPONSABILIDADES
Pueden ser agentes y responsables del acoso empleadores
o jerarcas que los representen en el ejercicio del poder
de dirección, tanto en el ámbito privado
como público. El empleador también es
responsable por los actos de sus dependientes o personas
vinculadas al lugar de trabajo o entidad docente, siempre
que tuviera conocimiento de los hechos y no haya tomado
medidas para corregirlos. Pero las responsabilidades
no se agotan en ellos: el Estado también tiene
su cuota parte como encargado de diseñar e implementar
políticas de sensibilización, educativas
y de supervisión. La Inspección General
del Trabajo (IGT), dependencia del MTSS, sería
el órgano competente para realizar el contralor
del cumplimiento de la normativa.
LA DENUNCIA
Las
personas afectadas podrán denunciar el acoso
sexual ante las empresas u organismos del Estado, o
directamente ante dicha Inspección. A cargo de
los primeros queda la investigación administrativa
de los hechos denunciados, pero cuando consideren que
no están dadas las condiciones para asumir tales
obligaciones podrán remitir la denuncia a la
Inspección, ante la cual también es posible
que acudan trabajadoras, trabajadores y estudiantes
si las conclusiones de la investigación realizada
por los empleadores o jerarcas docentes no les resultan
satisfactorias. El mismo proyecto prevé un procedimiento
administrativo rápido, con amplias facultades
de investigación y garantías de reserva
y confidencialidad.
A las sanciones legales que puedan corresponder a empresas
u organismos que la Inspección considere incursos
en responsabilidad, pueden sumarse intimaciones para
el cumplimiento de medidas de prevención y difusión
de políticas institucionales contra el acoso
sexual.
Los sindicatos que reciban denuncias están facultados
para acudir a la Inspección General del Trabajo,
solicitar su constitución en el lugar de los
hechos y monitorear las diligencias que sean necesarias.
DAÑOS Y PERJUICIOS
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder,
las víctimas de acoso sexual tendrán derecho
a reclamar al responsable una indemnización por
daño moral equivalente a seis sueldos mensuales,
calculados de acuerdo a la última remuneración
que percibieran. También podrán considerarse
indirectamente despedidas, en cuyo caso les corresponderán
doce sueldos calculados de igual forma por despido abusivo.
En caso que el acoso se produzca en ámbitos educativos,
la indemnización se calculará de acuerdo
al salario de quien resultara responsable del mismo.
La protección de víctimas y testigos
incluye el derecho a no ser objeto de despido ni de
sanciones disciplinarias por parte del empleador o jerarca.
El artículo 15 del proyecto, cuya inclusión
fue exigida por los empresarios, contempla el supuesto
de denuncias que no logren probarse y de aquellas cuya
falsedad sea intencional. Las primeras no afectarán
la vigencia de la relación laboral; las segundas
serán pasibles de acciones penales y de la calificación
de notoria mala conducta.
UN CONSENSO DIFICIL
La génesis del proyecto descripto se remonta
al año 2006, cuando la Tripartita solicitó
asesoramiento a la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) para su elaboración, quien
designó a su asesora, la doctora Martha Márquez,
para realizar la tarea.
La discusión ya muy avanzada del texto original
en una subcomisión, se interrumpió por
la decisión de la representación empresarial
de no apoyar ningún proyecto relativo al acoso
sexual.
Corría 2007 cuando las trabajadoras organizadas
lograron comprometer a las cámaras empresariales
en acciones puntuales y en un estudio de caso con financiación
de la OIT. Paralelamente, el interés de la senadora
Margarita Percovich por el tema movió el anteproyecto
estancado que, con modificaciones sugeridas por la legisladora
volvió a la Tripartita en abril de 2008 y donde
se resolvió retomar una discusión de la
que surgió el actual proyecto de consenso.
El próximo paso es que el MTSS lo remita formalmente
al Parlamento, previa consideración y firma de
los ministerios de Desarrollo Social y Educación:
el primero por integrar la Tripartita y el segundo en
razón de la materia docente.
La doctora Sara Payssé, directora Nacional de
Empleo y coordinadora de la Tripartita, aseguró
a La República de las Mujeres que el proyecto
tomará estado parlamentario en una o a lo sumo
dos semanas.
ABUSO DE PODER Y CAMBIO CULTURAL
Mientras, la última versión del texto
fue presentada en sociedad el pasado 14 de octubre por
autoridades del primer nivel gubernamental, acompañadas
de representantes de los demás sectores de la
Tripartita.
Para María Simón, ministra de Educación
y Cultura, " abusar del predominio para invadir
esferas de intimidad, es un delito de lesa humanidad"
en el que está incluido el acoso sexual como
una de sus expresiones más degradantes. Pero,
"para que esta ley no sea teoría, hace falta
un cambio cultural, que da trabajo pero es el que vale".
Su colega de Desarrollo Social, Marina Arismendi, está
convencida de que "la sociedad es hipócrita
respecto de estos temas", aunque a tenor del consenso
alcanzado en la Tripartita, " si las y los legisladores
representan a sus mandantes, tendrán que votar
el proyecto", que ya recibió el beneplácito
de la bancada del Frente Amplio. A Arismendi le preocupa
particularmente la difusión de la normativa,
porque "Tenemos muchos derechos, pero hay una cantidad
enorme de compatriotas que no lo saben". Coincide
con ella Mar-tha Márquez, que también
condiciona a la difusión la eficacia de las normas
y la presidenta de la Vertiente Artiguista, diputada
suplente Eleonora Bianchi, para quien "las leyes
también tienen el rol de educar" para asì
" vencer las resistencias que forman parte de la
cotidianeidad de la cultura nuestra".
HORA DE PAGAR LA DEUDA
Tanto Simón como Bianchi enfatizan que la sensibilidad
a las necesidades de las personas y la voluntad política
del actual gobierno, hacen posible que el tema se pueda
estar discutiendo en estos momentos. El subsecretario
de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, reconoció
que Uruguay " es un país que tiene déficit
laboral práctico, pese a que se trata de uno
de los países con más convenios internacionales
ratificados". Para el jerarca, el hecho de que
el proyecto haya sido consensuado entre los actores
fundamentales de las relaciones laborales "facilita
su aplicación", no obstante lo cual "no
debemos conformarnos con aprobar leyes": es necesario
superar las carencias en materia de monitoreo de la
aplicación de las mismas.
Martha
Márquez destaca del proyecto la inclusión
de dos vertientes del acoso: el chantaje sexual ( "si
haces, te doy") y el llamado acoso ambiental, que
refiere a la creación de un ambiente de trabajo
desagradable. También señala su opción
por la responsabilidad subjetiva del empleador o jerarca
por hechos de sus dependientes (sólo si tuvo
conocimiento de los mismos y no hizo lo necesario para
corregirlos), en desmedro de la responsabilidad objetiva:
el empleador es deudor de seguridad para las personas
que emplee.
IMM PIONERA
La prevención y sanción del acoso sexual
en el trabajo tiene antecedentes en la Intendencia Municipal
de Montevideo, que aprobó la primera reglamentación
por decreto de la respectiva Junta Departamental en
1999, en el marco del primer Plan de Igualdad de Oportunidades
y Derechos para las capitalinas.
Allí se comenzó por la discusión
de la normativa, sensibilización y capacitación
desde un enfoque de género y derechos, tareas
en las que participaron tanto la Secretaría de
la Mujer y la Dirección de Recursos Humanos como
Adeom.
"Si te molesta es acoso. Si te molesta decilo",
fue la consigna de la campaña de difusión
de derechos, recuerda Elena Ponte, coordinadora ejecutiva
de la Secretaría de la Mujer de la comuna, para
quien el acoso sexual es una forma de violencia de género
"que hace visible cómo se toma a la mujer
como objetivo sexual". En la IMM se han denunciado,
comprobado y sancionado varios casos. En la mayoría
las víctimas fueron mujeres, pero hubo alguna
situación que afectó a un varón.
"La
prueba es una de las trabas más difíciles
de sobrellevar por las personas acosadas, porque el
acoso no se actúa en público",
advierte Ponte.
RIESGOS PARA LA SALUD
Sobre cuáles son las consecuencias del acoso
sexual en la salud de las y los trabajadores, ilustró
el doctor Fernando Tomasina, profesor encargado del
Departamento de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República.
"La violencia en el trabajo genera estrés
que si se cronifica lleva al agotamiento físico
y psíquico del individuo, con distintas expresiones
de malestar como ansiedad y angustia que pueden terminar
en depresión", describe Tomassina, consciente
de que el temor al desempleo condiciona el aguante en
silencio de estas situaciones.
El acoso sexual también atenta contra la necesidad
de desarrollar trabajo decente, proclamada por la OIT,
apunta el experto, que previene contra nuevos riesgos
derivados de nuevos modelos de trabajo que al fragmentar
el mundo laboral en segmentos no tan públicos,
convierten lo colectivo en individual u oculto.
TRABAJADORAS: ES UN AVANCE
Ofelia Ogara, integrante del Departamento de Género
y Equidad del PIT-CNT -organizador de la presentación
pública del proyecto de ley realizada en el Paraninfo
de la Universidad de la República- llevó
a ese emblemático recinto la evaluación
de las trabajadoras organizadas. Estas concluyen que
"si bien no es el proyecto que queremos en el movimiento
sindical, consideramos que es un avance ante la situación
que hoy existe en nuestro país, y una herramienta
que será efectiva en la medida en que los sindicatos
se apropien de los elementos positivos de la misma y
la desarrollen".
Por la positiva identifican la mayor visualización
del tema, que la normativa sea aplicable a ámbitos
públicos, privados y de enseñanza, la
definición y extensión de la responsabilidad
de los empleadores y la celeridad del trámite
administrativo y judicial cuando corresponda.
Entre los aspectos negativos, contabilizan que el acosador
pueda ser despedido en el sector privado, y que las
consideradas falsas denuncias de acoso sean pasibles
de acciones penales y de calificación de notoria
mala conducta a exigencia de la representación
empresarial en la Tripartita.
EMPRESAS PIDEN GARANTIAS
Las Cámaras empresariales, por su parte, representadas
en el Paraninfo por la doctora Laura Acuña, están
satisfechas con el proyecto logrado en la Tripartita,
que a su juicio refleja su voluntad de negociar una
ley que les diera garantías a los empleadores.
"Costaron mucho los acuerdos", reconoció
Acuña, aclarando que el apoyo de este sector
está condicionando a que el texto acordado no
se modifique en el camino parlamentario por entender
que la ley que se apruebe debe ser lo más precisa
posible, para no dar lugar a diferentes interpretaciones.
Como quienes la precedieron en el uso de la palabra,
Acuña valoró los consensos y particularmente
que la Tripartita sea un lugar donde es posible llegar
a acuerdos, aunque se parta de distintos enfoques.
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